Tengo por costumbre hablar con economistas argentinos que me dan confianza en su análisis sobre la situación del país (por supuesto, no son progubernamentales, ya sabemos como manipulan los gobiernos las informaciones financieras cara al público). Desde hace dos años veían venir la actual crisis financiera, incluso alguno me dio la fecha de la quiebra financiera real (porque de la fecha política de la crisis nunca se sabe cuando al gobierno ya no le quedará otro remedio que oficializarla). ¿Quien dijo que "En el poder nunca está la verdad"?
La crisis financiera argentina era un secreto a voces: aumento constante de la inflación, salida de capitales argentinos a países vecinos, políticas cambiarias peso-dolar absolutamente arbitrarias, controles abusivos y cada vez más penalizados del gasto ciudadano, no entrada y salida de capitales extranjeros, etc.: hacían presagiar la quiebra de Argentina.
Pero pasemos de lo teórico a lo operativo, que es lo que importa a las empresas familiares.
En las empresas familiares el gobierno interno es el responsable de analizar los riesgos de todas las decisiones que afectan a la empresa. Y de todos es sabido que dicho gobierno está representado por tres instituciones: La Asamblea de Accionistas, El Consejo de Administración (o Directorio) y el Consejo de Familia. Bien es cierto que la Asamblea de Accionistas delega dicha función de "Control" en los Consejos de Administración y así consta en los Estatutos de sus Sociedades, al igual que también tiene el "Voto de Confianza" por parte del Consejo de Familia (y así suele constar en los Protocolos Familiares). Pero ello no es óbice para que llegado el caso hagan valer el poder que tienen para intervenir en las decisiones que toma el Consejo de Administración e incluso sustituir a sus componentes si lo creyesen oportuno, pues tanto la Asamblea de Accionistas (como propietarios de las acciones) y el Consejo de Familia (como salvaguarda de la riqueza familiar) son los auténticos soberanos de la empresa familiar en su conjunto.
Centrémomos ahora en las funciones del Consejo de Administración (o Directorios).
Los Consejos de Administración tienen el deber jurídico de velar porque las decisiones que afecten a la empresa en ningún caso pongan en riesgo la viabilidad futura de la Compañía. Y las decisiones que afecten a la empresa pueden ser de carácter interno o externo a la misma.
Por supuesto, es más fácil controlar los riesgos de las decisiones internas, ya que es el propio Consejo el que toma dichas decisiones; pero sería un error pensar que un Consejo de Administración sólo ha de analizar el riesgo de las decisiones internas.
Hay decisiones externas que afectan o pueden afectar dramáticamente a la viabilidad de la empresa, por ejemplo, las decisiones de carácter macroeconómico que pueden implantar los gobiernos de los distintos países (no sólo del propio país, sino del resto de los países con los que la empresa familiar comercia): políticas inflacionistas, aumento o disminución brusca del precio del dinero, restricciones crediticias, políticas impositivas a determinados productos o sectores económicos, impago a empresas privadas por sus trabajos a las administraciones públicas, incluso la posibilidad de "quiebra financiera de país", etc., pueden poner en un grave peligro la viabilidad de la empresa familiar.
Por tanto, en los Consejos de Administración ha de haber entre sus componentes, analistas no sólo de carácter financiero (para analizar los riesgos de las decisiones internas), también ha de haber analistas de carácter macroeconómico (para analizar los riesgos de las decisiones externas). En este último aspecto mi experiencia me dice que muy pocos Consejos de Administración tienen consejeros preparados para analizar y anticipar los riesgos que dichas decisiones externas pueden tener sobre la viabilidad de las empresas. Y en un mundo cada vez más globalizado, ello se hace imprescindible.
En la crisis europea, y por tanto, española, muchas empresas familiares, en concreto las pymes familiares, se han visto y se siguen viendo en situaciones muy delicadas como consecuencias de decisiones externas no analizadas convenientemente en su día por sus Consejos de Administración.
Es hora de aprender la lección. Les invito a leer el artículo de Gustavo Lazzari sobre la crisis de quiebra argentina. Toda una lección de macroeconomía.
Fernando Nogales
Argentina: El default es conceptual
Cuando un estado tiene ingresos fiscales menores a sus gastos incurre en déficit. Ese déficit debe ser financiado bien con endeudamiento, emisión o vendiendo activos.
Los gobiernos recurren al endeudamiento pues las consecuencias de la emisión son lapidarias en términos de inflación y la venta de activos (privatizaciones) no siempre están al alcance político y administrativo.
Una vez endeudados los gobiernos normalmente renegocian vencimientos de capital y pagan intereses con ingresos corrientes. En pocos casos recurren al desendeudamiento del capital.
Argentina tuvo casi un siglo de déficit fiscal. No una década o dos, sino un siglo. Ningún gobierno puede decir que no endeudó al país. Ni siquiera la actual administración. Son muy pocos 1993, 2003, 2004, 2005 y 2006 en los últimos 100 años en los cuales no hubo déficit financiero. El dato relevante para saber si el gobierno se endeuda o no.
Las deudas acumuladas hasta el 2001 se tornaron insostenibles. En medio de una crisis de gobernabilidad (hay quienes hablan de golpe de estado) en diciembre de dicho año se declaró el default.
La nueva administración demoró hasta el 2005 para concretar el primer canje y hasta 2010 para cerrar el segundo pero no definitivo canje de la deuda en default.
Pese al éxito anunciado los canjes no alcanzaron al 100% de los acreedores. Un 8% quedó afuera y fue ninguneado y vilipendiado.
Dos culturas y trayectorias familiares muy diferentes, pero capaces ambas de conseguir respectivamente ser líderes en sus respectivos sectores y mercados, nacional e internacional.
